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La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N\u00b0 360\/026 (\u201cla Sentencia\u201d) resuelve un caso sumamente interesante, en el que la Direcci\u00f3n General Impositiva (\u201cDGI\u201d), ampar\u00e1ndose en el inc. 2\u00b0 del Art\u00edculo 6 del C\u00f3digo Tributario, desconoci\u00f3 dos contratos de compraventa de acciones que hab\u00eda celebrado una persona f\u00edsica y recalific\u00f3 la operaci\u00f3n como un aporte de capital, con la consecuencia de que el supuesto precio que le estaba pagando la sociedad compradora de las acciones no era tal, sino un dividendo gravado por el Impuesto a la Renta de las Personas F\u00edsicas (IRPF).<\/p>\n
La historia se remonta al a\u00f1o 2010, cuando una persona f\u00edsica residente en Uruguay, que ten\u00eda participaciones accionarias y sociales a t\u00edtulo personal en dos sociedades brasileras, decide enajenar dichas participaciones a una sociedad an\u00f3nima uruguaya, de la cual era, a su vez, su accionista y beneficiario.<\/p>\n
Seg\u00fan el actor, la finalidad del negocio (business purpose<\/em>) no fue otra que lograr una mejor administraci\u00f3n y aislamiento patrimonial. Las sociedades holding actuar\u00edan como una interfase entre los socios y sus herederos y las empresas industriales (conviene se\u00f1alar que otros accionistas y socios de las sociedades brasileras tambi\u00e9n hicieron la misma operaci\u00f3n del actor de pasar sus participaciones a otras sociedades que operar\u00edan como holding). Tambi\u00e9n facilitar\u00eda una eventual enajenaci\u00f3n futura de las participaciones en las sociedades operativas brasileras.<\/p>\nLa DGI recalific\u00f3 la operaci\u00f3n: a su juicio, no hubo una verdadera compraventa de acciones, ya que, si bien hubo una entrega de acciones, no se cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n del pago del precio; para la Administraci\u00f3n lo que hubo fue un aporte del actor de sus participaciones en las sociedades brasileras a la sociedad uruguaya.<\/p>\n
Como consecuencia de ello, el precio de la compraventa que la sociedad uruguaya (tenedora de las participaciones en las sociedades brasileras) abonaba al actor no era m\u00e1s que una distribuci\u00f3n de dividendos que, como tal, deb\u00eda estar gravada. En la sentencia no se aclara el impacto tributario de la recalificaci\u00f3n, pero presumimos que se trate de la imposici\u00f3n de dividendos provenientes de sociedades del exterior que, como es sabido, pasaron a estar gravados por el IRPF a partir de 2011.<\/p>\n
En otras palabras, de acuerdo con la postura de la DGI, el actor habr\u00eda utilizado una forma jur\u00eddica (compraventa de acciones) que no ten\u00eda consecuencias tributarias (en tanto se estaban transfiriendo participaciones a t\u00edtulo personal de sociedades del exterior, cuya renta no estaba gravada), para \u201cdisfrazar\u201d un verdadero aporte de acciones a una sociedad local. El ingreso obtenido por esa supuesta venta no estaba sujeto al pago de IPRF, cosa que s\u00ed suceder\u00eda con los dividendos y utilidades provenientes de sociedades del exterior a partir del 2011.<\/p>\n
Ahora bien, \u00bfen qu\u00e9 se bas\u00f3 la Administraci\u00f3n, y luego el tribunal en la Sentencia, para concluir que hubo en el caso una inadecuaci\u00f3n de las formas jur\u00eddicas? La sentencia recoge un c\u00famulo de indicios, a saber:<\/p>
(i) si bien los contratos de compraventa tienen una fecha determinada, esta no pudo certificarse; <\/p>
(ii) el actor no pudo probar adecuadamente el prop\u00f3sito de negocio que lo llev\u00f3 a realizar esa operaci\u00f3n; <\/p>
(iii) hubo transferencia de acciones y cuotas sociales de las sociedades brasileras pero no se cumpli\u00f3 la otra obligaci\u00f3n sustancial: el pago del precio (se habr\u00edan pagado solo parcialmente algunas cuotas); <\/p>
(iv) por la sociedad uruguaya compareci\u00f3 a suscribir la compraventa un apoderado colocado por el contador del actor, que no tuvo ninguna participaci\u00f3n en la negociaci\u00f3n y que declar\u00f3 que desconoc\u00eda los t\u00e9rminos del contrato firmado;<\/p>
(v) la falta de pago del precio no ten\u00eda ninguna consecuencia jur\u00eddica contractual; <\/p>
(vi) la sociedad uruguaya no tuvo ni tiene ninguna otra actividad que no sea la de holding de las sociedades brasileras; <\/p>
(vii) el \u00fanico beneficiario de la sociedad uruguaya es el actor;<\/p>
(viii) quien dirige la sociedad uruguaya es \u00fanicamente el actor; <\/p>
(ix) los \u00fanicos ingresos que obtiene la sociedad uruguaya son los dividendos y utilidades distribuidos por las sociedades brasileras; <\/p>
(x) la sociedad uruguaya no distribuye dividendos, sino que los ingresos que obtiene se destinan a pagar el \u201cprecio\u201d por la compra de las acciones y cuotas sociales de las sociedades brasileras; <\/p>
(xi) el actor es el \u00fanico autorizado a operar las cuentas bancarias de la sociedad uruguaya y dispone sus pagos.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n y el tribunal coincidieron que este c\u00famulo de indicios (y otros que omitimos relacionar) permit\u00edan concluir, de manera coherente e inequ\u00edvoca, en el sentido de que sustancialmente no existieron los contratos de compraventa mencionados, sino que la real y verdadera operaci\u00f3n fue un aporte de participaciones del actor a la sociedad uruguaya.<\/p>\n
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