Tras una larga batalla tendiente a proteger y resarcir a las familias de aquellos exiliados de origen español que debieron huir de su tierra natal por razones políticas, ideológicas, religiosas o de género, recientemente se sancionó en España la llamada Ley de Memoria Democrática (la «Ley»), precisamente en referencia al pasado al que pretende rendir tributo.
La Ley busca establecer medidas reparadoras para aquellos españoles que, a causa de persecuciones, sufrieron el exilio durante el periodo comprendido entre 1936 y 1978. A tales efectos, la Ley contempla la posibilidad de que los hijos y nietos de nacionales españoles -que hubieran huido de España por las circunstancias indicadas (y bajo determinadas condiciones)- puedan acogerse al beneficio de la nacionalidad española. La ley también establece que podrán convertirse en españoles, los hijos e hijas de españolas que hayan perdido su nacionalidad tras casarse con extranjeros antes de 1978.
El derecho a acogerse a la nacionalidad española, al amparo del régimen precedente, se confiere por un plazo de dos años.
En suma, una ventana interesante que se abre en el marco de un contexto geopolítico internacional signado por la incertidumbre.
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