Fue George Orwell quien escribió que todos los hombres son iguales, pero que algunos son más iguales que otros.
La referencia viene a cuento de una reciente sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (el “TCA” o el “Tribunal”) que anuló la adjudicación de un llamado para prestar servicios de televisión digital en Montevideo.
Oportunamente la Administración había efectuado un llamado a interesados para obtener autorizaciones para prestar ese servicio (“el Llamado”)
El Llamado fue adjudicado a una empresa de comunicaciones (“la Adjudicataria”). Lo llamativo del caso fue que los diversos organismos de la Administración que intervinieron en el procedimiento, dictaminaron que la Adjudicataria no había cumplido cabalmente su obligación de acreditar capacidad económica y financiera suficiente; motivo por el cual recomendaron que la adjudicación se realizara en favor de otras empresas (“las Empresas”). Sucedió entonces que cuando se otorgó vista a los interesados, la Adjudicataria controvirtió la objeción y adjuntó notas de inversores locales y extranjeros que expresaron interés en financiar el proyecto. Sorprendentemente estos descargos lograron conmover al asesor jurídico del Ministerio de Industria Energía y Minería (“MIEM”), quien decidió modificar el orden de prelación y así beneficiar a la Adjudicataria.
La adjudicación fue exitosamente impugnada por una de las Empresas.
Llegado el caso al Tribunal, éste entendió que la Adjudicataria no había cumplido en tiempo oportuno con la exigencia de acreditar su capacidad financiera. Omisión ésta que no podía ser subsanada en etapas posteriores, sin transgredir los términos del Llamado, y especialmente sin violentar el principio de igualdad de trato de los oferentes, que da el título a esta nota.