DGI confirma criterios estrictos sobre deducción de mejoras inmobiliarias a los efectos del IRPF

La Dirección General Impositiva (DGI) emitió la Consulta Nº 6725, que establece un criterio restrictivo respecto de la posibilidad de computar costos de construcción y mejoras inmobiliarias para la determinación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por incrementos patrimoniales.

El pronunciamiento, fechado el 20 de mayo de 2026, analiza el caso de una contribuyente que pretendía incorporar al costo fiscal de un inmueble diversos pagos realizados a una empresa constructora, pese a no contar con facturas formales emitidas por dicha empresa.

El caso analizado

Según surge de la consulta, la contribuyente había adquirido un terreno baldío en 2006 y posteriormente contratado a una empresa constructora para edificar una vivienda.

El contrato establecía que la constructora asumiría integralmente la ejecución de la obra, incluyendo materiales, planos y demás costos asociados, a cambio de un precio global.

Sin embargo, la empresa habría incumplido el contrato, abandonando la obra pese a haber recibido pagos parciales documentados mediante recibos y transferencias bancarias.

Al momento de analizar el eventual cálculo del IRPF derivado de una futura venta del inmueble, la contribuyente entendió que esos desembolsos debían integrar el costo fiscal de las mejoras, aun cuando no existieran facturas válidas emitidas por la constructora.

La respuesta de la DGI

La Comisión de Consultas de la DGI rechazó esa interpretación.

El organismo recordó que tanto el Texto Ordenado como el Decreto Nº 148/007 exigen que las mejoras realizadas sobre inmuebles se encuentren “debidamente documentadas” para poder ser incorporadas al costo fiscal computable en el cálculo del IRPF.

En particular, la DGI sostuvo que la documentación idónea para acreditar dichos costos son facturas emitidas conforme al régimen formal vigente. En consecuencia, consideró insuficiente la existencia de simples recibos o transferencias bancarias.

Importancia práctica del criterio

La posición de la DGI confirma que, aun cuando existan pagos efectivamente realizados y debidamente bancarizados, ello no necesariamente habilita su reconocimiento tributario si no se cumplen las exigencias formales de documentación.

El criterio reafirma la importancia de conservar facturas válidas, especialmente considerando que las mejoras suelen impactar significativamente en el cálculo del IRPF al momento de la venta del inmueble. En términos prácticos, cuanto mayor sea el costo fiscal reconocido, menor sería la renta gravada por incremento patrimonial y, por ende, menor la carga tributaria.

Aportes al BPS sí podrían computarse

La consulta introduce una precisión favorable para la consultante.

La DGI entendió que los aportes abonados directamente por la consultante al Banco de Previsión Social podrían incorporarse como costo de las mejoras, siempre que exista documentación probatoria emitida por dicho organismo.

Ello se fundamenta en que la obra estaba inscripta a nombre de la propia consultante, quien había asumido determinadas obligaciones ante el organismo de seguridad social.

Continuidad de un criterio histórico

La Administración reafirmó criterios anteriormente vertidos sobre documentación de mejoras inmobiliarias.

En particular, citó expresamente la Consulta Nº 5304 de 2010, en la que ya había sostenido que únicamente pueden computarse aquellas mejoras respaldadas por documentación formal adecuada.

De esta forma, la Consulta Nº 6725 consolida una línea interpretativa estricta en materia probatoria y documental.