Beneficios para las fusiones y escisiones

 La Ley reproduce, con algunas variantes, el régimen que había sido establecido por medio de un decreto reglamentario en el marco del IRAE; en otras palabras, le confiere fuerza de ley al régimen preexistente. Una de esas variantes es que el régimen ya no será optativo, sino preceptivo.

 La norma establece que las sociedades que resuelvan fusionarse o escindirse no computarán el valor llave a efectos fiscales, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: 

• (a) que los propietarios finales de las sociedades que participen en las fusiones y escisiones sean íntegramente los mismos, manteniendo al menos el 95% de sus proporciones patrimoniales y que no se modifiquen las mismas por un lapso no inferior a dos años;
•  (b) que las referidas operaciones se realicen al valor contable del patrimonio transmitido;
•  (c) que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la información relativa a la totalidad de la cadena de propiedad, identificando a todos los propietarios finales 
• (d) que mantenga el o los giros de las sociedades antecesoras durante el lapso de dos años.

 En caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las condiciones mencionadas, la operación tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general. En tal caso, los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la unidad indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento. La deuda así generada tendrá un plazo de prescripción especial de diez años, contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el incumplimiento.

 Las sociedades sucesoras serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesoras, derivadas del referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo.