Como es de conocimiento
público en el año 2014 el Parlamento aprobó la denominada “Ley de Inclusión
Financiera” o “Ley de Bancarización» (“la Ley”).
Desde su entrada en vigencia,
la Ley ha sido modificada, prorrogada y ha recibido críticas desde el sector
empresarial y comercial. De hecho, estos iniciaron una campaña de recolección de firmas para
lograr convocar a un referéndum e intentar derogar la Ley. En ese marco, el
pasado 13 de agosto de 2019 se presentó un proyecto de ley (“el Proyecto”) que
pretende eliminar la obligatoriedad de acudir al sistema financiero para
realizar cualquier transacción. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de algunos
actores políticos relevantes quienes ya han adelantado su voluntad de aprobar
la modificación en la próxima legislatura.
El Proyecto establece –entre
otros- que todos los individuos y personas jurídicas alcanzadas por la Ley podrán pactar
libremente los negocios jurídicos comprendidos en la misma, tanto en su forma, como
en contenido, modo y condiciones de cumplimiento, pudiendo acordar las partes
someterse –o no- a las disposiciones de la Ley. Vale decir: al amparo del Proyecto, la
instrumentación de las operaciones por medio del sistema financiero habría de
ser completamente opcional.
Todo ello sin perjuicio
de que las normas referidas al lavado de activos y financiamiento del
terrorismo no se verán afectadas por estas modificaciones.