Los más memoriosos quizás la recuerden: Kramer versus Kramer fue la película que arrasó en la ceremonia de entrega de los Oscar de 1980, con Dustin Hoffman y Meryl Streep como actores principales. Ya entonces el tema no era nuevo, y es el mismo que hoy nos convoca: una batalla judicial por la custodia del hijo menor.
Los hechos son claros: un padre reclamó la tenencia exclusiva de su hijo, un adolescente de 15 años de edad, por entender que ésa era la voluntad del menor. Con todo, el caso presentaba un par de singularidades: la primera, mientras el hijo y su madre residían en Montevideo, el padre era encargado de la administración de establecimientos rurales en Florida, donde pasaba la mayor parte del tiempo; y la segunda, la insólita propuesta por el padre, que, para evitar que su requerimiento naufrague, sugirió, alquilar a su hijo una pensión/apartamento en Montevideo, a los efectos de no separarlo de su centro de vida.
A criterio del padre -demandante en el juicio- la única razón de la oposición de su ex esposa era económica: al mantener la tenencia del menor, continuaría percibiendo la pensión correspondiente. Y si acaso en algún momento el hijo habría expresado su deseo de vivir con ambos progenitores, esas expresiones habrían sido producto de la manipulación familiar.
La Justicia rechazó la demanda en todas sus instancias. A criterio del Tribunal actuante, el menor debe ser considerado como persona que tiene su propia voluntad, que como tal debe ser respetada. Siguiendo esa línea, el Tribunal -afirmó- se debe limitar a analizar si la voluntad del menor fue libremente expresada. Desde ese punto de vista, el Tribunal entendió que los padres habían sometido a su hijo al innecesario conflicto de tener que elegir. Y si bien la madre había ejercido -según el Tribunal- cierta presión por temas económicos referidos a su tenencia y pensión, también el padre había pretendido que el adolescente mudara su vida a Florida, donde sus vínculos de relación eran pocos. En suma, la insólita propuesta del padre fue rechazada; el Tribunal concluyó que debía primar el interés superior del menor, y que, a la hora de ponderar los diversos factores, la permanencia de éste en Montevideo, su medio, debía prevalecer.
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