Una empresa usuaria de zona franca (dedicada a prestar servicios de
tecnología, soporte técnico y consultoría) presentó ante la DGI una consulta
vinculante sobre el impuesto a retener sobre el salario abonado a un trabajador
uruguayo por servicios prestados en el exterior.
Durante 2017, el trabajador desempeñó tareas en Uruguay, estando sujeto a
IRPF. Pero en 2018 habrá de ser trasladado a India por un período de 11 meses.
Su salario seguiría siendo abonado por la empresa usuaria de zona franca. El
trabajador trasladaría consigo a su esposa e hija, y no dejaría en Uruguay ni
inmuebles ni inversiones.
La empresa consultante adelantó su opinión expresando que el trabajador
no cumpliría con ninguna causal de residencia fiscal en Uruguay, y que no
estaría obligada a realizar ninguna retención sobre su salario.
La DGI no compartió la opinión de la empresa consultante, remitiéndose a:
(i) el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Uruguay e India, y (ii)
el Decreto No. 323/012. El Artículo 1 de dicho decreto establece la obligación
de retener de las empresas, salvo que el contribuyente (en este caso, el
trabajador) exhibiese un certificado de residencia fiscal expedido por la
autoridad fiscal competente del exterior (en este caso, India).
En consecuencia, en opinión de la DGI, la empresa usuaria de zona franca
deberá seguir efectuando las retenciones de IRPF, hasta tanto el trabajador
presente un certificado de residencia fiscal expedido en India.
Paradojalmente, el dictamen de la DGI probablemente dispararía una
situación de doble imposición, incompatible con el convenio vigente entre
Uruguay e India. Porque mientras la DGI de Uruguay obliga a la empleadora a seguir
reteniendo el IRPF, también sería razonable esperar que la autoridad fiscal de
India considere a dicho trabajador como residente en India (en definitiva, en
2018 el trabajador vivirá más tiempo en India que en Uruguay) y pretendiese que
también allí pague impuesto.