Quien alguna vez haya tenido la ocasión de atacar jurídicamente una decisión del Estado, con seguridad conocerá las tribulaciones que un proceso de este tipo involucra: un trámite de no menos de dos años (sumado al procedimiento administrativo previo), la ausencia casi total de la oralidad a lo largo del proceso, plazos que rara vez se cumplen y otros obstáculos propios de una ley de más de 150 años de antigüedad.
Para modernizar este escenario, el Parlamento aprobó el Código de lo Contencioso Administrativo, que entró en vigor el pasado 1° de febrero de 2025. Esta reforma no sólo busca acortar los tiempos del proceso contencioso a través del uso de las herramientas informáticas, sino que introduce cambios estructurales en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“TCA”): incorpora nuevos juzgados y actualiza las reglas de juego para que ciudadanos y empresas puedan impugnar decisiones estatales con mayor eficiencia. Se trata de un Código que busca un mayor equilibrio entre las garantías del ciudadano y las exigencias de la Administración.
En próximas ediciones, analizaremos algunos de los cambios clave que introduce este nuevo código y cómo impactará en la relación entre el Estado y particulares.
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