El pasado mes de noviembre el GAFI actualizó su lista gris de jurisdicciones para agregar a ella a Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano. Hoy son 25 las jurisdicciones que la integran. La lista negra en cambio, se ha mantenido incambiada, estando compuesta por Irán, Corea del Norte y Burma.
La ocasión es propicia para repasar algunos conceptos generales. Concretamente, ¿qué es el GAFI?
GAFI responde a la sigla Grupo de Acción Financiera (en inglés Financial Action Task Force – “FATF”). Se trata de un organismo inter-gubernamental que surgió en 1989 del G-7 (EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón y Canadá), con el objetivo de establecer los estándares internacionales (best practices) en materia de prevención de lavado de activos, combate contra el financiamiento del terrorismo y combate contra la financiación de mecanismos de proliferación de armas de destrucción masiva (en inglés Anti-Money Laundering – “AML”). Para fijar esos estándares, el GAFI expide sus famosas recomendaciones -hoy ya son más de 40-, con las pautas que los países deben observar en la materia.
Vale decir que las instituciones financieras deben adoptar las recomendaciones y medidas de debida diligencia a la hora de lidiar ya sea con personas de países incluidos en las listas, ya sea con fondos procedentes de cualquiera de ellos.
Cuando la actuación de la institución financiera involucre a personas (domiciliadas en) o fondos procedentes de alguna de las tres jurisdicciones incluidas en la lista negra, las instituciones financieras están sujetas a un nivel de obligaciones más riguroso en lo que tiene que ver con el escrutinio de las transacciones y sus beneficiarios. Así por ejemplo, en el caso de Irán y Corea del Norte, las instituciones tienen prohibido mantener relaciones de corresponsalía con personas de estos países.
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