A fines del pasado año, el Parlamento uruguayo sancionó una ley de promoción del trabajo de personas con discapacidad («la Ley»).
La Ley promueve -y obliga- la contratación de personas con discapacidad en todo nuevo ingreso de personal en aquellas empresas de actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes en su planilla de trabajo de acuerdo al esquema que luce al pie.
Entre otros, la Ley prevé: (i) exoneraciones graduales a los aportes jubilatorios patronales hasta el tercer año de la aplicación de la Ley; (ii) indemnización especial si el despido de una persona con discapacidad no obedeciera a una causa razonable relacionada con la conducta del trabajador o en las necesidades de la empresa; y (iii) derecho del trabajador a solicitar una licencia sin goce de sueldo de hasta tres meses anuales siempre que el motivo de esta solicitud estuviese directamente relacionado con su discapacidad.