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Más beneficios para el sector agropecuario

Meses atrás el Gobierno aprobó una serie de medidas –entre ellas, la reducción de la Contribución Inmobiliaria Rural– tendientes a paliar la difícil situación por la que atraviesa el sector agropecuario de nuestro país.

El pasado 26 de octubre se promulgó la ley Nº 19.686, la cual vino a aclarar algunos aspectos de las medidas otorgadas que suscitaban algunas dudas en cuanto al alcance del beneficio relativo a la reducción de la Contribución Inmobiliaria, y a otorgar otros beneficios adicionales.

La ley aclara que la reducción del 18% de la alícuota del impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural establecida para los ejercicios 2018 y 2019 por la ley Nº 19.615, de 27 de abril de 2018, comprende a los propietarios, poseedores, promitentes compradores con o sin promesa inscripta y los usufructuarios, que exploten con fines agropecuarios los padrones por sí o por terceros.

La redacción original refería solamente a los propietarios, por lo que prima facie parecía excluir del beneficio a los demás contribuyentes del impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural. Con la redacción interpretativa establecida por la Ley Nº 19.686, queda claro que el beneficio comprende también al resto de los contribuyentes del referido impuesto.

La ley también extiende, hasta el 31 de diciembre de 2018, el plazo con que cuentan los beneficiarios para presentar ante las Intendencias correspondientes la declaración jurada exigida por la ley para acogerse al beneficio.

Entre los beneficios adicionales que se incorporan, la ley prevé la posibilidad de deducir como gasto a los efectos del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) los gastos incurridos en la contratación de seguros para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico.

Para aquellos titulares productores que no sean contribuyentes del IRAE, la ley faculta al Poder Ejecutivo a otorgarles un crédito equivalente al 12% de los gastos correspondientes a la contratación de los referidos seguros, el cual podrá utilizar para cancelar sus obligaciones con el Banco de Previsión Social.