Como
regla general las sociedades comerciales están obligadas a comunicar al Banco
Central del Uruguay (“BCU”) información relativa a su cadena accionaria y a
identificar sus beneficiarios finales (personas físicas). Para cumplir esas
obligaciones, las normas hasta ahora vigentes establecían los
siguientes plazos: 30 días corridos
para socios o accionistas residentes, y 90 días corridos para no residentes.
A efectos de alivianar el rigor de los plazos, a partir de la Ley de
Presupuesto (“la Ley”) las sociedades deberán comunicar al BCU cualquier cambio
que ocurriera con relación a la información previamente registrada (incluyendo
aquel operado en su cadena de titularidad) dentro de los 45 días hábiles siguientes a su
verificación.
En el caso en que las modificaciones refieran a no residentes, dicho plazo se
eleva a 90 días hábiles.
Esta innovación de la Ley -al igual que los demás casos ya comentados desde
este Newsletter- se inscribe en la línea de atenuar el rigor de aquellos
plazos que resultaban sobremanera exiguos para sociedades con una compleja
estructura accionaria.
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La
presente comunicación se realiza a mero título informativo y no debe ser
entendida como un consejo legal de esta firma. Por cualquier consulta adicional
no vacile en contactar a Bruna Royol (broyol@bergsteinlaw.com) y/o Guillermo Duarte
(gduarte@bergsteinlaw.com).