El Parlamento acaba de prorrogar –para algunas empresas– el plazo de que disponen para identificar a sus beneficiarios finales (esto es, a sus verdaderos dueños, más allá de quiénes sean titulares de sus acciones).
Recordemos que la denominada “Ley de Transparencia Fiscal” había creado un registro de beneficiarios finales en la órbita del Banco Central. La misma Ley fijaba el 30 del presente mes de junio como fecha límite para que las empresas reporten (al Banco Central) la identidad de sus beneficiarios finales. El Parlamento sancionó una ley que prorrogó dicho plazo.
Ahora, las sociedades de responsabilidad limitada y los fideicomisos tendrán tiempo hasta el 30 de setiembre (del presente año 2018) para cumplir con dicha obligación, mientras que otras entidades (como por ejemplo los fondos de inversión) tendrán incluso más tiempo (hasta el 30 de noviembre del año en curso).
Pese a ello, las buenas noticias no son para todos. Las sociedades anónimas no están comprendidas en la prórroga. Para ellas la situación se mantiene inalterada y por ende deberán informar antes del próximo 30 de junio.