Uruguay
no escapa a la situación causada por la pandemia generada por el virus
COVID-19; no solamente en lo estrictamente sanitario, sino también en la crisis
económica que trae consigo.
Es
conocido por todos que, a partir de la emergencia nacional sanitaria decretada
por el Poder Ejecutivo el pasado 13 de marzo, muchas empresas han visto
notoriamente mermadas sus actividades y otras han tenido que directamente cerrar
sus puertas.
Ello
obviamente que impactará seriamente en las posibilidades de las empresas de
cumplir puntualmente con sus obligaciones corrientes con proveedores,
prestadores de servicios, empleados, empresas públicas y, naturalmente, con el pago
de sus tributos.
Frente
a esa realidad, el gobierno dio a conocer anoche las primeras medidas
tributarias para flexibilizar el pago de ciertos tributos, y así dar cierto
aire a las empresas –especialmente aquellas de reducida dimensión económica—
para el pago de sus impuestos.
Las
medidas son las siguientes:
Tributos
recaudados por la DGI
La
DGI dictó la Resolución Nº 550/020, de 20 de marzo de 2020, en la que dispuso
las siguientes prórrogas:
· Se
prorrogan los vencimientos de las obligaciones tributarias previstos entre el
23 y el 26 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo. Quedan exceptuadas de esta
prórroga las empresas públicas.
· Los
contribuyentes comprendidos en el Literal E del IRAE podrán abonar sus
obligaciones (el llamado “IVA Mínimo”) correspondientes a los meses de cargo
febrero y marzo de 2020, en seis cuotas iguales y consecutivas a partir de mayo.
Quedan incluidas las cuotas de convenios cuyo vencimiento tenga lugar en los
meses de marzo y abril.
Tributos
recaudados por BPS:
Los
beneficiarios serán: monotributistas, unipersonales y sociedades personales con
hasta 10 empleados cuyo régimen de aportación sea Industria y Comercio.
·
Se difiere el pago de los monotributistas y los aportes de dueños y socios de
sociedades personales, correspondiente a los meses de pago abril y mayo. El 60%
de dichos aportes se abonarán en seis (6) cuotas a partir del mes de junio. El
40% restante será de cargo del Estado.