Recientemente los medios de prensa dieron cuenta de un hecho en un balneario de nuestras costas que demostró la plena actualidad de la legislación antidiscriminación en nuestro país. Se trata de la llamada Ley Anti-Discriminatoria del año 2004, impulsada por el fundador de nuestra firma a través de su actividad parlamentaria. Es ésta una batalla que se da día a día y en todos los ámbitos.
En este contexto, el pasado 19 de Diciembre el Parlamento aprobó la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (“la Convención”). La Convención establece que se entiende por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales.
Luego de establecer un largo elenco de razones que pueden motivar la discriminación –con el efecto de ampliar el elenco de situaciones contempladas por las leyes nacionales–, la Convención establece mecanismos para obligar a los Estados partes a cumplir con las obligaciones asumidas, legitimando a todas las personas (físicas o jurídicas) a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas por la violación de la Convención por un Estado Parte.
Resuenan en nuestros oídos las palabras de Nahum Bergstein: “En un Estado de Derecho, los problemas no se solucionan solamente con leyes; pero tampoco se solucionan sin ellas”.
En suma, un aporte legislativo al combate contra una de las enfermedades más antiguas de la humanidad: el prejuicio.