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Empresa declarada en quiebra: ¿podría la DGI reclamar a sus directores el cobro de las deudas que generó la empresa?

Según el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA),
sí. La prohibición de iniciar nuevos juicios (dispuesta en la denominada “Ley
de Proceso Consursal”) refiere solamente a juicios contra la empresa en
quiebra; no impide iniciar juicios contra sus representantes/administradores.

El 16 de junio de 2016, el Juzgado Letrado de Primera
Instancia de Concursos de 2° Turno, declaró el concurso de una empresa constructora
(la “Empresa”).

Como consecuencia de ello, la Dirección General Impositiva
(DGI) decidió presentarse a verificar/denunciar  su crédito contra la Empresa, hallándose
pendiente el dictado del acto de determinación de dicho crédito.  

Mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2016 (la
“Resolución”), finalmente la DGI finalmente determinó el monto de la deuda
generada por la Empresa, declarando además como solidariamente responsables a sus
representantes/administradores.

El lector recordará que el Artículo 56 de la Ley N° 18.387 (la
“Ley”) establece una prohibición, la de promover nuevos juicios. Según dicha
disposición, “declarado judicialmente el
concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la
declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o
arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se
realicen serán nulas.”

Los representantes de la Empresa demandaron entonces la
nulidad de la Resolución de la DGI, entre otros argumentos, por considerar que
violaría la prohibición mencionada en el párrafo anterior. En su opinión, dicha
Resolución permitiría cobrar dos (2) veces una misma deuda, y ello porque la
DGI compareció en el proceso de concurso (a efectos de denunciar su crédito y
cobrarlo de la Empresa), pero también pretendería cobrar dicho mismo crédito de
sus representantes (quienes fueron declarados solidariamente responsables).

La DGI, en cambio, argumentó que su Resolución no infringía
del Artículo 56 de la Ley. La declaración judicial de concurso de la Empresa impedía
promover juicio ejecutivo tributario contra ella, pero no perjudicaba las
posibles acciones judiciales que pudiese iniciar contra sus representantes.

El TCA –mediante Sentencia N° 706/2020– estuvo de acuerdo
con la opinión de la DGI, desestimando la demanda de nulidad y confirmando la
validez de la Resolución.

En palabras del Tribunal, “…la prohibición de promover juicios ejecutivos por créditos anteriores
al concurso es respecto a la empresa, pero no a sus socios. En cuanto a que se
debe tener en cuenta si se cobró parcial o totalmente la deuda en el concurso,
debe tenerse presente que ello es una cuestión que no afecta la validez de la
resolución impugnada, tratándose, a su vez, de un extremo que refiere a una
eventual etapa de ejecución del crédito, situación cuya consideración excede la
competencia del Tribunal.”