En nuestro newsletter institucional del
mes de marzo, informábamos que el
gobierno panameño proyectaba adoptar
medidas de represalia contra aquellos
países que –como Uruguay–
calificaban a Panamá como paraíso
fiscal. Dicho newsletter llevaba por
nombre “No Hay Mejor Defensa que un
Buen Ataque”, y a los hechos nos
remitimos.
La efectividad del anuncio del gobierno
panameño quedó demostrada días
atrás. El pasado 7 de mayo la Dirección
General Impositiva (DGI) anunció la
efectiva remoción de Panamá de su
“lista negra” (de paraísos fiscales). Ello
conforme con las condiciones
establecidas en el Decreto No.
103/2018 (del 24 de abril de 2018).
Según dicho decreto, Uruguay y
Panamá habían arribado a un acuerdo
preliminar para comenzar a implementar
el intercambio automático de
información bancaria a partir del año
(2018) en curso. Uruguay condicionó la
remoción de Panamá a las siguientes
dos (2) condiciones: (i) que Panamá
confirmase su disposición a realizar el
primer intercambio antes del 30 de
setiembre de 2018; y (ii) que Panamá
desistiese de su intención original de
aplicar “medidas de retorsión” en perjuicio de los intereses de Uruguay.
Dichas medidas en principio incluían: (i)
el aumento de impuestos sobre
dividendos, intereses, regalías,
honorarios y otras rentas pagadas por
entidades panameñas a compañías
uruguayas; (ii) el aumento de aranceles
sobre la importación de productos
uruguayos; (iii) trabas migratorias y
laborales para personas con
nacionalidad uruguaya; y (iv) el
impedimento –para las empresas
uruguayas– de contratar con el Estado
panameño.
Panamá cumplió con las condiciones
pactadas, quedando entonces excluida
de la lista negra uruguaya. Como
consecuencia de ello, las sociedades
panameñas volvieron a estar regidas
por el régimen general de tributación
aplicable a las entidades no residentes,
y dejarán de estar sujetas a la mayor
carga impositiva que les impuso la Ley
de Transparencia Fiscal.
En definitiva, todos aquellos uruguayos
que –a instancia de la Ley de
Transparencia Fiscal, y con el propósito
de evitar dichos mayores impuestos–
realizaron gestiones para cerrar sus
sociedades panameñas o mudarlas a
otra jurisdicción, posiblemente estarán
arrepentidos.