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Por Boca Cerrada Entran Moscas: Cuando el Silencio de la Administración Cuesta Caro

Pocas cosas violentan más a los contribuyentes –y a los ciudadanos en general– que las actuaciones caprichosas de la Administración. Es decir, aquellas cuya razón de ser –lisa y llanamente– no se da a conocer.

El caso que nos convoca es un claro ejemplo.

De buenas a primeras la Intendencia de Montevideo notificó al copropietario de una unidad de propiedad horizontal, de un cambio sustancial en el valor real del inmueble a los efectos del pago de la Contribución Inmobiliaria. Por añadidura, le exigió el pago retroactivo de la Contribución Inmobiliaria en función del nuevo valor del inmueble (en 2013 la Intendencia pretendió re-liquidar el impuesto generado desde 2009).

Afortunadamente, el apetito recaudatorio de la Intendencia se vio enfrentado al freno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El TCA concluyó que el aumento en el valor real del inmueble –dispuesto por la Intendencia–, carecía de toda justificación: el nuevo valor real del inmueble –que precipitara el incremento de la Contribución Inmobiliaria– no emergía de ninguna parte (ni de la propia resolución, ni de sus antecedentes). Lisa y llanamente, en ningún momento la Intendencia explicó las razones que habían motivado dicho aumento. Por todo lo cual la pretensión impositiva de la Intendencia devino arbitraria e ilegítima.

En palabras del TCA, “cualquier acto de autoridad –sea jurisdiccional o administrativa– se legitima por su justificación. La adecuada motivación de una decisión es lo que la aleja de ser un mero acto de autoridad, conjura la arbitrariedad y permite aquilatar su racionalidad.”